Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y participación en el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida ha provocado una fuerte condena por parte de los gobiernos de Canadá, Reino Unido, Estados Unidos y Australia, quienes consideran las recompensas como represión transnacional y una violación de las normas internacionales. Muchos de los activistas señalados son ciudadanos o residentes de países occidentales, lo que plantea preocupaciones sobre el alcance de la ley de seguridad nacional de Hong Kong más allá de sus fronteras. Los críticos argumentan que estas acciones amenazan la libre expresión y la seguridad de los disidentes en el extranjero. Funcionarios de Hong Kong y China han desestimado las críticas como parciales y han defendido la aplicación de la ley como legal.
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